Final de la concesión de transporte a Plaza

Por mayoría se aprobó la rescisión del contrato

El Honorable Concejo Deliberante de Santa Rosa aprobó por mayoría el Acuerdo de Rescisión del Contrato de Concesión del Servicio Público de Transporte Después de un extenso debate, con los votos de los concejales del Bloque del Partido Justicialista y del Bloque de Comunidad Organizada, se sancionó con fuerza de Ordenanza la rescisión del contrato de concesión del servicio público de transporte entre la Municipalidad de Santa Rosa y la empresa Plaza.
Recordemos que la empresa viene prestando servicio desde el 31 de agosto del 2006, y que requirió mediante presentaciones con fecha 6 y 26 de marzo de 2013 la rescisión del contrato de concesión, alegando causas imputables al concedente.
Durante la gestión del Frepam se amplió aún más la vinculación con la empresa privada, cuando se les otorgó el 5 de octubre de 2011 la concesión de otras dos líneas (7 y 8).
La salida de la empresa fue consensuada por ambas partes, asegurando de esta manera un proceso de transición ordenando de los servicios, durante el cual la empresa continuará siendo prestataria por un plazo de cinco meses, venciendo el mismo el 15 de septiembre del 2013.
En este acuerdo se dejó establecida la protección de la fuente laboral de los actuales trabajadores, que serán incorporados por quien tome a su cargo la prestación del servicio. El listado fue leído en la sesión luego de ser aprobada la Ordenanza.
Los concejales del Frepam se opusieron a la rescisión de la concesión de común acuerdo entre la comuna y la firma privada. En tanto los concejales justicialistas -Cabreros, Mecca y Robledo- alegaron que después de asesorarse con especialistas en el asunto vieron que no era conveniente otra vía, debido a que el concesionario reclamó a la Municipalidad un resarcimiento monetario por el déficit operativo y rompimientos de la ecuación económica financiera. Pese a que el municipio, en su carácter de autoridad de aplicación de los contratos de concesión, también había impuesto penalidades al concesionario, facultada por los contratos de concesión y las reiteradas denuncias y actas labradas a la empresa por sus falencias en el servicio. En ese sentido, la posibilidad de perder un juicio que demoraría años y podría generar cuantiosas pérdidas de dinero para la gestión venidera, se resolvió que ese camino no era conveniente; y se logró el acuerdo entre ambas partes.